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El manejo del drenaje y de las aguas pluviales no es un detalle técnico: es una condición de supervivencia para el Ecuador. En un país golpeado cada año por lluvias intensas, pretender enfrentar tormentas y escorrentías sin infraestructura, sin planificación y sin preparación es una irresponsabilidad que pone en riesgo a más de cinco millones de ecuatorianos que viven en zonas rurales privados de muchos servicios elementales aun en pleno siglo 21. La mayoría desconoce la verdadera magnitud del daño que se aproxima, y esa brecha entre la amenaza y la acción es, sencillamente, inaceptable.

No se trata de alarmismo; se trata de reconocer que la omisión histórica en obras hidráulicas cobrara vidas, destruyendo cultivos y comprometiendo economías locales. Es injusto y es evitable. Aunque tarde, es imprescindible actuar: diseñar, construir y mantener sistemas de drenaje, control de inundaciones y regulación hídrica que protejan a la población y al sector productivo. La inacción ya no es una opción.

Ecuador cometió una falta imperdonable: abandonó el mantenimiento de sus esteros y ríos inundables, esos sistemas naturales que son tan esenciales como cualquier obra de ingeniería. Se archivó con una mezcla de negligencia y desdén, la responsabilidad de cuidar las defensas naturales que sostienen la vida agrícola y la seguridad de miles de familias. Esa omisión no es un descuido técnico: es una falla ética, una responsabilidad civil y la historia tiene que juzgarla.

Es evidente que la Secretaría del Agua perdió el rumbo de su misión. Su gestión se volvió un trámite, una oficina sin visión, atrapada en papeles y reportes, mientras quienes debían ejercer liderazgo se dedicaron únicamente a vigilar la calidad del agua en zonas mineras. El resto del país, sus ríos, sus esteros, sus cuencas vulnerables, quedaron relegados a la suerte. No mencionaré nombres; basta con que el lector observe la historia reciente para comprender la magnitud del extravío.

Hoy, Ecuador enfrenta la amenaza del Fenómeno de El Niño con gobernantes que llegaron al poder inexpertos y sin entender el valor estratégico de nuestros recursos naturales. Y para colmo, en uno de los errores administrativos más graves de las últimas décadas, se decidió desaparecer el Ministerio de Agricultura y Ganadería, dejando al sector productivo sin una voz técnica, sin una institución rectora, sin defensa alguna. Es un acto de irresponsabilidad que estremece.

Ahora, el país entero debe esperar a que la cabeza del “superministerio” que absorbió funciones, competencias y responsabilidades que jamás debieron concentrarse en un solo despacho, salga finalmente a explicar cómo y con qué preparación enfrentaremos los daños que ya están en camino. Porque más de cinco millones de ecuatorianos que producen alimentos desprotegidos, ignorados, vulnerables merecen saber qué se ha hecho, qué no se hizo y qué se piensa hacer para evitar que sus economías sean devastadas una vez más.

Yo quiero escuchar esa respuesta. El País también.

Pedro Alava Gonzalez