Está previsto que el martes la Comisión de Salud integrada con la de Hacienda de la cámara baja vote el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que permite el acceso de la mutualista Casmu al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva –por la suma de hasta unos 120 millones de dólares–, que a mediados de agosto fue aprobado en el Senado.

La comisión de Diputados lo empezó a tratar hace una semana, y todo indica que los nudos que hay entre oficialismo y oposición no podrán ser desatados en esta instancia. El diputado blanco Pablo Abdala, que integra la comisión, adelantó a la diaria que la coalición no votará el tercer artículo del proyecto –el que más polémica causó– porque lo consideran “inconstitucional”.

Ese artículo agrega una disposición a la ley que creó el Fondo de Garantías (18.439, de 2008) y establece que, “a efectos de lograr una adecuada protección del interés público comprometido mediante las garantías otorgadas al amparo de la presente ley, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva que accedan a una garantía deberán asegurar que quienes integren sus órganos de dirección, administración y conducción ejecutiva reúnan” ciertas condiciones, como “poseer idoneidad y experiencia adecuadas para el ejercicio de sus funciones, reunir condiciones de honorabilidad e integridad, y no mantener conflictos de interés que resulten incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones”, entre otras.

Además, el artículo establece que “a tales efectos, durante todo el período de vigencia de la garantía, la designación de los integrantes de los Consejos Directivos u órganos de dirección, de la Gerencia General, del Director Técnico, del Gerente Administrativo y Financiero y de quienes ejerzan funciones ejecutivas equivalentes estará sujeta a la no objeción previa del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas [MEF]”.

Abdala sostuvo que el hecho de que “el Poder Ejecutivo pueda autorizar o desautorizar directores y gerentes afecta la libertad de empresa”. Señaló que pedirán desglosar el artículo y enviarlo a la Comisión de Constitución.

A su vez, Abdala dijo que la oposición insistirá, en el mismo sentido de lo que ya había planteado en la cámara alta el senador colorado Pedro Bordaberry, con que “los médicos capitalizadores tienen que hacer un sacrificio, aunque más no sea una cuestión simbólica”, por lo tanto, le parece necesario “que realicen un aporte”.

El diputado blanco subrayó que es una situación muy “delicada”, en la que “el Estado va a otorgar una garantía por aproximadamente 122 millones de dólares, después de una gestión por lo menos polémica, por decir lo menos”, ya que piensa que fue “bastante escandalosa en cuanto a situaciones de abuso de distintos tipos”, como “clientelismo, amiguismo y creaciones de cargos absolutamente injustificados”. De todas formas, Abdala subrayó que son conscientes “de la necesidad de salvar al Casmu” y de que la mutualista siga funcionando para “darles tranquilidad a los 170.000 usuarios de que van a seguir siendo atendidos, y a los trabajadores, que son aproximadamente 6.000, de que la fuente de trabajo no corre riesgo”.

Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez, que también integra la comisión, señaló a la diaria que los socios capitalizadores deben hacer un esfuerzo para que “no solamente se le pida a toda la sociedad que haga un esfuerzo”, ya que, “en definitiva, es la sociedad la que garantiza los préstamos de una institución como el Casmu”.

Agregó que también están pensando en otra modificación, luego de un planteo del diputado blanco José Luis Satdjian, para que los futuros endeudamientos “tengan que ser con instituciones del sistema financiero controladas por el Banco Central, o sea, no con prestamistas privados”. “En la medida en que se está solicitando un esfuerzo por parte de toda la sociedad, tiene que haber controles sobre la manera en que se endeuda la institución. Así que seguramente algún otro artículo con respecto a eso también se va a presentar”, finalizó.

Por último, consultado por la diaria acerca de la postura de su partido sobre el proyecto –dado que el oficialismo no tiene mayoría en la cámara baja–, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone contestó en forma muy lacónica: “Todo está abierto, nada definido aún”.

Oddone en comisión

A todo esto, el jueves, varios integrantes del Poder Ejecutivo asistieron a la comisión para hablar del proyecto, entre ellos, el titular del MEF, Gabriel Oddone. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, el jerarca subrayó que se trata de un fondo de acceso para el uso de garantías, “cuyo objetivo no es volcar dinero del Estado a la gestión de la entidad, sino simplemente permitir un reperfilamiento de su situación financiera, de manera tal de despejar un escenario muy acuciante y hacer un canje de deuda de mala calidad por una deuda de más calidad, garantizada por recursos del Estado”.

Sobre el tercer artículo, que le consta “que es el punto que ha generado mayor controversia”, Oddone subrayó que el Poder Ejecutivo no está “innovando”. “Esta iniciativa existe y está plenamente vigente en las entidades de intermediación financiera. El Banco Central es quien tiene la potestad desde hace muchos años y la razón por la que esa normativa existe, en el caso del Banco Central, está fundada en las características sistémicas de los bancos y en las experiencias que el país tuvo en el pasado en relación con eventos financieros agudos”, finalizó.