El jefe de la Policía Nacional de Perú (PNP), Óscar Arriola, ha anunciado su dimisión del cargo en medio de las críticas al aumento de la criminalidad en el país, tras lo que el Gobierno de Keiko Fujimori ha anunciado que Fredy López Mendoza, hasta ahora jefe del Estado Mayor del cuerpo, será puesto al frente del organismo.
El primer ministro peruano, Luis Galarreta, ha afirmado desde el Palacio de Gobierno que "se designará al general de la Policía Nacional Fredy López Mendoza para que reemplace en el cargo correspondiente al general Arriola". "Esta designación también atiende una transferencia, repito, institucional", ha afirmado.
Galarreta ha afirmado que el Estado "no puede permitir" el desafío de la criminalidad y ha resaltado que "este es un momento de actuar con firmeza, respaldar la labor constitucional de nuestra Policía Nacional, dotarla de nuevas herramientas tecnológicas y de recursos", según un comunicado publicado por el Ejecutivo.
Así, ha explicado que el nombramiento de López Mendoza busca garantizar una transición "respetuosa" en el seno de la PNP, al tiempo que ha reiterado que el objetivo del Gobierno "es uno solo y no admite ambivalencias". "Defender la vida humana y construir de manera definitiva un Perú seguro", ha argüido.
El primer ministro de Perú ha adelantado además que el Gobierno presentará en las próximas semanas acciones y estrategias destinadas a reforzar la lucha contra la delincuencia, en el marco de las políticas de Fujimori, quien tomó a finales de julio posesión del cargo de presidenta del país sudamericano.
Por su parte, Arriola ha afirmado tras presentar su dimisión que es necesario que los agentes no abandonen su misión. "Sigan adelante, no pueden vencernos. Nunca nos venció ni el terrorismo ni ninguna de las modalidades de criminalidad organizada. Esta vez no va a ser la excepción", ha manifestado, según ha recogido la agencia estatal peruana de noticias, Andina.
La dimisión de Arriola llega en medio de críticas a su gestión al frente de la Policía y ante datos que apuntan a cerca de 150 homicidios a nivel nacional desde el 28 de julio, fecha de la toma de posesión de Fujimori, y los llamamientos a su dimisión tras el secuestro a finales de agosto de un empresario en Trujillo (noroeste), suceso que se saldó con cutro muertos.