La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, presentó el martes en el Consejo de Ministros los lineamientos de un proyecto de ley sobre política espacial que ya está redactado y que será enviado al Parlamento ni bien tenga el visto bueno del presidente Yamandú Orsi. Luego, en conferencia de prensa, fundamentó que definir una política de este tipo es importante “no solo desde el punto de vista de defensa y seguridad nacional”, sino también para desarrollar “una industria nueva”.
El artículo 289 de la ley de presupuesto de 2025 había encomendado al Ministerio de Industria, Energía y Minería, en consulta con el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y la Secretaría Nacional de Ciencia y Valorización de Conocimiento, la elaboración de un proyecto de ley para crear la Comisión Nacional del Espacio y el marco regulatorio de las actividades espaciales. La iniciativa ya está redactada; consta de 101 artículos y cuatro capítulos, sumados a una exposición de motivos, a la que accedió la diaria.
En la fundamentación se sostiene que el espacio ultraterrestre “se ha consolidado en las últimas décadas como un ámbito estratégico para el desarrollo industrial, científico, tecnológico, económico y social de las naciones” y que las actividades espaciales “constituyen hoy un factor clave en la planificación territorial, la gestión ambiental, las comunicaciones, la defensa y la seguridad”, así como “contribuyen al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, impactando directamente en la diversificación productiva”.
También se señala que “el acceso autónomo a datos, servicios e infraestructuras espaciales resulta esencial para la vigilancia y control del territorio, la protección de infraestructuras críticas, la preservación de recursos estratégicos, la gestión de emergencias y desastres, el monitoreo ambiental y marítimo, así como para el fortalecimiento de la soberanía y de la capacidad de anticipación del Estado frente a amenazas y riesgos contemporáneos”.
En la exposición de motivos se recuerda que Uruguay es parte de tratados internacionales en materia de derecho espacial que disponen “el uso pacífico del espacio exterior, la responsabilidad internacional de los estados por las actividades espaciales realizadas bajo su jurisdicción y la obligación de autorizar y supervisar dichas actividades”. Sin embargo, el país todavía no cuenta con un marco regulatorio en la materia.
Los contenidos del proyecto
La iniciativa establece en primer lugar las bases fundamentales de la política espacial nacional. Estas priorizan la defensa de la soberanía, la administración soberana de los recursos vinculados a la actividad espacial, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas nacionales, la innovación, la promoción de una industria espacial nacional y la diversificación de la matriz productiva. Se incorporan además principios transversales como la protección del ambiente, la descentralización territorial, la protección de los derechos humanos y el uso pacífico del espacio exterior.
A continuación, el proyecto establece un marco regulatorio para una diversidad de actividades espaciales que incluyen el lanzamiento y operación de objetos espaciales, la exploración de cuerpos celestes y recursos espaciales, el turismo espacial, la extensión de vida útil de satélites y la remoción de desechos espaciales. El marco regulatorio incorpora un sistema de licencias por clases con requisitos técnicos, económicos y ambientales diferenciados que debe cumplir cada actividad, así como contraprestaciones en favor del Estado y de la sociedad, “tales como reserva de capacidad, transferencia tecnológica, programas de formación y capacitación, participación de insumos y mano de obra nacional y acceso de instituciones públicas de educación e investigación a infraestructuras espaciales”, detalla la exposición de motivos.
Se establece asimismo un régimen de supervisión, control y sanciones, y se crea una nueva institucionalidad. Actualmente, el organismo rector en esta materia es la Junta Nacional del Espacio, creada por decreto en 2022 e integrada de forma permanente por el MDN, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fuerza Aérea Uruguaya, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Secretaría Nacional de Ciencia, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones. El proyecto de ley amplía la integración de la Junta Nacional del Espacio para incorporar actores de la academia, como la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, y de otros ministerios, como los de Industria, Ganadería, Agricultura y Pesca, y Ambiente. También suma a organismos como el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Sistema Nacional de Emergencias. Además, crea la “Comisión Nacional del Espacio” como órgano técnico especializado desconcentrado de Presidencia de la República, que presidirá la junta.